Por: Comision de Paz de las FARC-ep
A propósito de la opinión personal del doctor Humberto de la Calle sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, divulgada por la revista Semana, al tiempo que expresamos nuestra satisfacción por la apertura del trascendental debate de interés nacional, hacemos las siguientes consideraciones:
Téngase en cuenta que la Constituyente no puede existir si no hay refrendación de la ley que la convoque con la competencia, su termino de duración, y la manera de cómo ha de lograrse su integración, señalada, obviamente, por la misma ley convocatoria.
Al incluir como parte de la competencia de la Constituyente, temas acordados en La Habana, estos se refrendarían con el voto del pueblo. ¿Qué mejor manera de resolver los puntos de contradicción de las partes cobijados por las salvedades? Ya verá la Constituyente en su sabiduría si los mejora, los aprueba o los imprueba durante el término de su duración. ¿Por qué tenerle miedo a la opinión del pueblo, a la verdadera democracia? El ejercicio del poder constituyente es sin duda, genuina expresión de la afirmación de que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”.
Si la Constituyente del 91 abrió sus puertas y sesiones sin marco referencial que la limitara, ¿por qué no abrirle paso a la aplicación del artículo 376 de la actual Carta para resolver una situación de guerra que ya no la soporta el país? Nosotros somos constructores del acuerdo de La Habana y sabemos bien que el desarrollo del segundo punto de la Agenda que ahora se inaugura, tiene todas las posibilidades para que la participación ciudadana encuentre el camino de la paz.
El tema no se restringe a analizar exclusivamente cómo las FARC hacen política; la almendra de la Participación Política está en la construcción de la democracia y de la transformación estructural del Estado. Si se convocó un Foro que reunió fuerzas vivas para revisar este asunto, es porque no todo está dicho, es porque no se puede aplazar más el sagrado compromiso de actuar de cara al país.
Efectivamente, como dice Humberto de La Calle, la refrendación es un argumento angular en todo el diseño de las conversaciones, pero el momento en que la ciudadanía interviene no está reservado a la visión de exegetas desactualizados, pues el sexto punto del Acuerdo de La Habana no desarrolla el concepto, precisamente porque está subordinado al espíritu preambular del mismo, que indica sí, que habría un periodo de amplia difusión y debate abierto y que “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”. Por lo demás, lo reservado son las discusiones internas de la mesa, que de ninguna manera sugiere el secretismo en torno a conclusiones que deben ser del dominio público. Las FARC no han llegado a La Habana a realizar conciliábulos.
No estamos hablando de una Constituyente para después de la dejación de las armas, sino de una Constituyente como tratado de paz y nuevo contrato social.
La Constituyente es más que un escenario de refrendación; es el espacio que define la paz. Está llamada a discutir sobre el eventual acuerdo de La Habana y a superar las salvedades y disensos que van quedando en el congelador. En consecuencia, no puede ser el colofón de la dejación de las armas en que tanto insiste el gobierno. Obviamente no lo estamos planteando como punto final del diálogo, pero tampoco como comienzo del mismo; su establecimiento ya sería el triunfo del clamor nacional porque no se siga aplazando la participación efectiva del país en la solución de los problemas de la guerra y la paz que lo están afectando.
¿De dónde se inventó el doctor Humberto de La Calle que la Constituyente revisa y niega lo pactado? El pueblo no puede ser un convidado de piedra que llega a última hora solamente a refrendar lo que otros acordaron. La revisión no es negación.
No hay nada peor que hacer referencia a juristas sin nombre para disfrazar lo que no se puede respaldar con autoridad. Fernando Giraldo, politólogo y docente de la Universidad Javeriana ha dicho en el diario El Colombiano que, “para resolver un problema extraordinario, grave y complejo, se requieren medidas extraordinarias, graves, complejas y de trascendencia. Creo que tiene que ser un camino extraordinario, y este es la Asamblea Nacional Constituyente”, dice.
Si se analiza bien, someter a referendo un acuerdo que apenas en la definición parcial del primer punto tiene más de 20 páginas, quedando por resolver salvedades sustanciales, no sería práctico ni técnicamente posible.
Si algo no tiene hoy en día la Constitución del 91, es el vigor político que le atribuyen algunos, pues su espíritu descentralizador, la pluralidad partidista de otrora y la fuerza administrativa y política para los municipios, han sido aniquilados por el tsunami neoliberal de su ejecución. Contrarreformas son las 38 modificaciones amañadas que convirtieron la Constitución del 91 en una Constitución andrajosa e irreconocible. La manosearon para imponer la reelección presidencial. Exacerbaron el presidencialismo. Transfiguraron el valioso enunciado de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento en una fórmula vacía. Subordinaron todas las ramas del poder y hasta los organismos de control a las veleidades del Ejecutivo. Desatendieron el mandato de hacer en breve tiempo la formulación de un ordenamiento territorial que respondiera a los intereses de las comunidades. Si en contravía de los postulados de reivindicación social que contenía, hoy tenemos una escandalosa deuda social, ¿por qué no podemos discutir la política económica? Lo que se escucha en la calle, en los clubes sociales, en los mentideros, en las esquinas de las ciudades, es que la gente, todo el mundo está molesto con la corrupción en la justicia, con los llamados “carruseles” en la contratación administrativa, con la centralización administrativa que desconoce las regiones, y con la manera como se explotan los recursos naturales no renovables a expensas del pueblo y de lo ambiental.Hoy nadie confía en el sistema electoral corrupto y fraudulento, y el ejercicio de la política no cuenta siquiera con un estatuto de la oposición, pero sí con el terrorismo de un régimen que criminaliza la protesta social y extermina a los contradictores. ¿Acaso la regla fiscal no hiere de muerte la inversión social y la tutela? Su afán es concentrar recursos para la guerra y saciar la voracidad de la banca internacional y la corrupción.
El cangro de la justicia hoy, es la politiquería. En una justicia que está más corrupta que nunca, los magistrados de las cortes con pocas excepciones, están cuestionados por la opinión pública. Hecho que obliga a su reforma. No hay vuelta de hoja, no puede haber paz si no hay un aparato jurisdiccional que la garantice. Se debe depurar y regresar a la rama judicial, su independencia orgánica.
Los partidos políticos, organizaciones sociales, gremios y movimientos, etc., que vayan a ser parte de la Constituyente, deben ir preparando sus proyectos de reforma a la justicia para ser debatidos democráticamente. Invitamos a los decanos de derecho de todas las universidades y a los estudiosos a que se pronuncien sobre la reforma a la justicia.
Para qué traer a cuento un marco jurídico que ni siquiera existe. Con artificios no se debe endosar responsabilidades a quien no las tiene. Incluso, son más responsables las élites oligárquicas del país que los mismos militares, que siempre actuaron subordinados al poder, con pocas excepciones.
No es cierto que la justicia internacional esté por encima de la Constituyente y el soberano y cualquier transicionalidad solo la concebimos como producto de un acuerdo.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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